Violencia de género: otra oportunidad de negocio
Lo que sí recogieron todos los medios de comunicación y de lo cual nos alegramos: Que tras experiencias piloto en la Comunidad de Madrid y Baleares, los ministros de Igualdad, Interior y Justicia han presentado el programa gracias al cual 3.000 pulseras con GPS van a permitir tener localizados a los agresores de violencia de género, en aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género aprobada en 2004. Sin duda alguna algo positivo, pues de esta manera se va lograr dar mayor sensación de seguridad a las víctimas y se va a disuadir a los agresores de incumplir las medidas de alejamiento, ya que en caso de hacerlo existiría una prueba clara para una posterior condena.
Lo que no cuentan los medios y que nos debería preocupar: Que una vez más, se externalizan las funciones propias del Estado, pues si bien el abastecimiento de nuevos brazaletes lo va a realizar el Gobierno, éste va a ser gestionado por Securitas Direct-Telefónica, lo cual suscita un debate no sólo ético sino también jurídico: ¿Debe una empresa privada asumir funciones inherentes a la Policía ?¿Debe una empresa privada manejar información confidencial como lo es los datos de personas a las que se les ha impuesto medidas cautelares de alejamiento?¿Va a haber suficiente dotación de personal y con suficiente formación en violencia de género?
Me temo que, una vez más, la calidad y ética de los servicios públicos va a quedar relegada a un segundo plano, y lo peor es que esta vez ocurre a manos de un Gobierno socialista, al cual (al contrario que al PP) se le presupone un especial compromiso con lo público. Desgraciadamente ya estamos acostumbrados a servicios públicos de baja calidad.
